- Perú
El sol que empodera: energía solar y autodeterminación indígena en la Amazonía
La transición energética en la Amazonía avanza con proyectos de electrificación renovable impulsados por Estados y organismos internacionales, pero enfrenta serios desafíos de sostenibilidad y participación comunitaria. Mientras los modelos centralizados priorizan la expansión tecnológica, iniciativas indígenas de soberanía energética plantean alternativas basadas en gobernanza territorial, autonomía y control local de la energía.
Por Alejandra Agurto
En la comunidad de Sharamentsa, en la provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana, un grupo de líderes indígenas se reunieron para conversar y tomar decisiones sobre el futuro. Nantu Canelos, un comunero achuar, cuenta que habían escuchado hablar de motores eléctricos libres de combustibles, por lo que se decidió buscar la manera de convertirlos en los impulsores para su principal modo de transporte, el fluvial.
La Fundación Kara Solar nació como respuesta a una visión expresada por comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana: construir alternativas energéticas sostenibles que rompan con la dependencia de combustibles fósiles y la necesidad de carreteras que fragmentan sus territorios. El nombre “Kara”, que en lengua achuar significa una visión realizada o sueño hecho realidad, refleja esta aspiración colectiva de autonomía energética y defensa territorial.
La iniciativa comenzó a tomar forma a partir de 2017, en el territorio achuar de Ecuador, donde personas como Nantu Canelos, miembro de la comunidad de Sharamentsa y actual director ejecutivo de la Fundación, trabajaron codo a codo con coordinadores técnicos y líderes comunitarios para construir las primeras canoas solares y estaciones de cargado comunitario.
Su objetivo ha sido siempre claro: promover movilidad ecológica, autonomía energética y protección territorial, reduciendo el uso de combustibles fósiles y de las presiones extractivas, mientras se capacita a las propias comunidades para gestionar y expandir tecnologías sostenibles.
Para esto se están desarrollando nuevos modelos de negocio circulares para fomentar la comercialización y la capacidad de ensamblaje y fabricación local de los recursos necesarios para las embarcaciones. Esto con el fin de llevar al mercado equipos diseñados para las condiciones amazónicas. Además, según el reporte estratégico de 2025 de Kara Solar, la Fundación contribuyó a la formación de más de 500 técnicos calificados y con habilidades básicas en energía solar y mantenimiento de los sistemas.
Hasta ahora, Kara Solar ha entregado 12 canoas solares a comunidades en cinco países (seis en Ecuador, dos en Perú, dos en Brasil, una en Surinam y una en las Islas Salomón) y ha establecido estaciones de recarga solar que también funcionan como centros de energía comunitaria. Se calcula que esto ha favorecido a aproximadamente 3.500 personas en comunidades indígenas remotas.
Informes internos de la organización detallan que, en territorios achuar, las canoas solares recorrieron 9.660 km en 2025 y transportaron a más de 6.000 pasajeros en más de 847 viajes, lo que evidencia el uso activo de la tecnología por parte de las comunidades.
Cabe mencionar que Kara Solar aspira a expandir su modelo para apoyar 10.000 embarcaciones solares en toda la cuenca amazónica para 2030, lo que ampliaría considerablemente el impacto social y ambiental del proyecto.
Por otro lado, la Alianza Ceibo surgió como una respuesta colectiva de varios pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana frente a décadas de amenazas ambientales, culturales y territoriales provocadas por la contaminación de su agua y territorio por la extracción petrolera, la deforestación y la invasión de terceros.
Inspirados por experiencias compartidas y la necesidad de unirse para enfrentar problemas comunes, personas de las nacionalidades a’i kofán, siona, siekopai y waorani comenzaron a colaborar desde mediados de la década de 2010 para fortalecer lazos y construir soluciones propias. Esta cooperación consolidó formalmente la alianza en 2014, con apoyo técnico y estratégico de la organización Amazon Frontlines, que brindó respaldo inicial en capacidades operativas y redes de solidaridad internacional.
Según reportes de la Alianza Ceibo, ya se instalaron más de 120 sistemas de energía solar en 16 comunidades indígenas de la Amazonía de Ecuador, como Teweno, Sinangoe y Kofán. La iniciativa lleva electricidad limpia donde antes solo había generadores o dependencia de empresas petroleras y apunta a fortalecer la soberanía energética comunitaria.
Además, la energía solar instalada apoya directamente otros trabajos de la alianza, como las patrullas de vigilancia territorial: paneles solares en refugios permiten recargar baterías de equipos (teléfonos, drones, GPS y cámaras) que usan los guardias indígenas para monitorear y defender sus territorios frente a actividades extractivas y amenazas ambientales. Así, el uso de energías renovables se integra a su modelo de autonomía y defensa comunitaria.
“La energía tiene sentido cuando responde a nuestras necesidades productivas, culturales y de movilidad”, resume Nantu Canelos, director ejecutivo de Kara Solar.
La frase, repetida en espacios comunitarios y encuentros técnicos, condensa una forma distinta de entender la transición energética en la Amazonía: no como una infraestructura que se incorpora al territorio, sino como una herramienta para fortalecer la autonomía y la capacidad de decisión de los pueblos indígenas.
Estas experiencias no son excepciones anecdóticas. Constituyen la materialización de una tensión que atraviesa hoy a la transición energética en la Amazonía: mientras grandes programas de electrificación renovable avanzan bajo modelos centralizados, las comunidades indígenas impulsan propuestas que colocan en el centro la gobernanza local, la cultura y la autodeterminación. A esa tensión se suman ejemplos concretos que ya atraviesan la región.
Según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), en la cuenca amazónica existen más de 350 centrales hidroeléctricas en operación y otras 483 proyectadas, en lugares donde estas obras han generado conflictos con pueblos indígenas por la alteración de ríos, pesca y territorios.
La transición global también presiona a la Amazonía. En la Amazonía de Brasil hay más de 5.000 solicitudes de concesiones para minerales clave —como cobre, níquel, cobalto y tierras raras— para tecnologías limpias.
Al mismo tiempo, unos tres millones de personas en zonas aisladas siguen dependiendo de electricidad a diésel, lo que evidencia la distancia entre la transición energética y la realidad local, detalla Dialogue Earth.
La Amazonía y el acceso desigual a la energía
La Amazonía sigue siendo una de las regiones con mayores brechas de acceso a la energía eléctrica en América Latina, pese a su relevancia ambiental, cultural y estratégica para los Estados que la conforman.
Grandes extensiones del territorio amazónico permanecen fuera de los sistemas eléctricos nacionales o dependen de soluciones precarias, intermitentes y altamente contaminantes, lo que profundiza desigualdades históricas y limita las posibilidades de desarrollo local.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las brechas de acceso a electricidad en la Amazonía se manifiestan de forma desigual entre países. En la Amazonía rural del Perú, alrededor del 30 % de las comunidades no cuenta con acceso a electricidad. En la Amazonía del Brasil, el Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) estima que cerca del 3,5 % de la población regional aún vive sin suministro eléctrico.
En el caso de Colombia, The Amazon Conservation Team indica que, en las denominadas zonas no interconectadas —donde se concentra gran parte de la Amazonía—, menos de la mitad de la población se encuentra efectivamente conectada a un servicio de electricidad. En conjunto, estas cifras evidencian la persistencia de brechas estructurales de acceso energético en los países que conforman la cuenca amazónica.
Según el informe Tracking SDG7: The Energy Progress Report 2024, las personas que carecen de acceso a electricidad se concentran principalmente en zonas rurales y de difícil acceso —condiciones que caracterizan a muchas comunidades indígenas y ribereñas de la Amazonía—, lo que subraya las persistentes desigualdades en el acceso energético.
Cabe mencionar que la cuenca amazónica —Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa— alberga a más de 30 millones de personas; de las cuales aproximadamente 2,7 millones se identifican como pueblos indígenas, pertenecientes a más de 350 grupos étnicos distintos, muchos de ellos asentados en zonas rurales o territorios tradicionales de difícil acceso, donde la electricidad y los servicios públicos siguen siendo limitados.
Los propios Estados reconocen esta situación. En países como Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil, los índices más bajos de electrificación se registran en regiones amazónicas, donde la complejidad geográfica y los altos costos de infraestructura dificultan la expansión de redes convencionales.
En Perú, la brecha energética entre zonas urbanas y rurales es persistente y estructural. El Ministerio de Energía y Minas confirma que más de un millón de peruanos en áreas rurales aún viven sin acceso a electricidad, y regiones como Loreto y Amazonas están entre las más rezagadas; allí, alrededor del 60 % de la población rural carece de servicio básico de energía eléctrica, según datos oficiales citados en el Congreso peruano.
Las cifras reflejan que, pese a importantes inversiones y proyectos de electrificación rural que benefician a decenas de miles cada año, las comunidades indígenas y ribereñas de la Amazonía siguen al margen de estas prioridades. Producen energía muchas veces con generadores diésel o incluso no cuentan con ningún acceso formal, lo que evidencia un patrón histórico de postergación frente a las necesidades de las zonas urbanas y centros industriales.
Jussara Salgado, responsable de proyectos de energía de la organización brasileña Saúde e Alegria, explica que gran parte de las comunidades con las que trabajan “aún no tiene acceso a la red eléctrica convencional y depende de fuentes alternativas, principalmente generadores diésel, un combustible fósil contaminante”.
Salgado confirma que esta dependencia no solo afecta al ambiente, sino que condiciona la vida cotidiana de las comunidades, que deben ajustar sus actividades a horarios limitados de funcionamiento de los generadores, ya que estos trabajan bajo sistemas temporales y dependientes.
El problema, sin embargo, no se limita a si una comunidad tiene o no electricidad. En muchas zonas amazónicas, el acceso se reduce a sistemas de muy baja capacidad, pensados solo para iluminación y carga de algunos dispositivos, sin posibilidad de sostener actividades productivas, comunicación permanente ni servicios básicos como salud o educación.
Esta situación reproduce una forma de pobreza energética: hay electricidad, pero no la suficiente para mejorar la economía local, fortalecer servicios comunitarios ni reducir las desigualdades que históricamente afectan a los territorios indígenas.
“Ahora los paneles solo dan luz, pero no alcanzan para aparatos como congeladoras, lavadoras o cualquier equipo que necesite más potencia”, cuenta Clever Vásquez, poblador de la comunidad de Bretaña, en la región Loreto, al describir las limitaciones del sistema instalado en su localidad.
Una situación similar se vive en comunidades awajún y wampis de la provincia de Condorcanqui, en Amazonas. Por ejemplo, Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai, explica que muchas familias han optado por pequeños generadores: “La mayoría se compra un generador, pero igual necesitamos combustible, y eso también es escaso”, lo que mantiene la dependencia del diésel y eleva los costos para las familias.
La paradoja de la transición energética y las fallas del modelo actual
En los últimos años, la energía solar fotovoltaica ha sido promovida por gobiernos, organismos multilaterales y agencias de cooperación como una solución adecuada para territorios amazónicos. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) sostiene que los sistemas solares descentralizados representan una alternativa técnica viable para comunidades remotas, al no requerir grandes infraestructuras ni generar impactos ambientales comparables a los de otras fuentes energéticas.
En este marco, diversos países amazónicos han impulsado programas de electrificación rural basados en energías renovables, con apoyo de bancos multilaterales y fondos climáticos internacionales. Uno de los ejemplos más recientes es el Programa de Electrificación Rural Sostenible y Productivo en la Amazonía Peruana (PE‑L1298), aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en octubre de 2025.
El proyecto, que cuenta con un financiamiento total de aproximadamente 88 millones de dólares, busca ampliar el acceso a electricidad renovable confiable en comunidades rurales aisladas de la Amazonía peruana, principalmente en los departamentos de Loreto y Amazonas. Entre sus planes se encuentra la instalación de minirredes solares con sistemas de almacenamiento, así como el fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión de sistemas eléctricos rurales aislados.
También está el Programa REM Visión Amazonía, iniciativa del Gobierno de Colombia con apoyo de Alemania, Reino Unido y Noruega, el cual promueve el desarrollo sostenible y frena la deforestación en la Amazonía. Una de sus líneas más recientes es crear comunidades energéticas en zonas aisladas, donde la electrificación tradicional no ha llegado.
En regiones como Caquetá, Guaviare y Vaupés, el REM Visión Amazonía está impulsando la instalación de sistemas de energía limpia (como solar o de biomasa) adaptados a las necesidades locales, con el fin no solo de llevar electricidad básica, sino también de fortalecer la seguridad alimentaria, la educación, la conectividad y el desarrollo productivo de las comunidades indígenas.
A diferencia de modelos centralizados que colocan tecnologías sin seguimiento, este programa busca que las propias comunidades participen en la administración de la energía, fomentando así un uso sostenible y apropiado culturalmente de las fuentes renovables.
Este tipo de iniciativas refleja un esfuerzo por superar el modelo basado exclusivamente en la instalación de generadores de energía renovable y avanzar hacia soluciones más sustentables. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de acompañamiento técnico y la sostenibilidad a largo plazo, para que los sistemas no se conviertan en “luz temporal” sin mantenimiento ni continuidad.
Además, evaluaciones institucionales y académicas advierten que los resultados de los proyectos solares en zonas rurales han sido desiguales. Señalan que una parte significativa de los sistemas instalados deja de funcionar con el tiempo, principalmente por problemas de diseño, falta de mantenimiento, ausencia de repuestos y baja capacidad técnica local.
Una investigación publicada en la revista Sustainability comparó proyectos de electrificación rural con sistemas solares domésticos (Solar Home Systems, SHS) en Perú, México y Bolivia, y documentó que, aunque estas tecnologías han permitido ampliar el acceso a la energía, su éxito varía ampliamente entre casos y depende de factores como el compromiso comunitario, los modelos de negocio y el mantenimiento técnico. Esa variabilidad se interpreta como un indicador de que una parte sustancial de los sistemas instalados no logra una sostenibilidad prolongada sin mecanismos sólidos de soporte.
Asimismo, en un trabajo de investigación difundido por la revista Polo del Conocimiento, diversos especialistas describen una paradoja de la transición energética: el despliegue de tecnologías renovables avanza, pero sin garantizar sostenibilidad ni autonomía para las comunidades.
Desde su experiencia territorial, Jussara Salgado subraya que muchos proyectos siguen reduciendo el acceso a la energía a la posibilidad de “encender una bombilla o un televisor”, sin integrar otros usos sociales y productivos fundamentales. Cuando la energía es confiable y está disponible de manera permanente, explica, se producen transformaciones significativas en la vida comunitaria, como mejoras en la seguridad alimentaria, el acceso a la información, la organización local y la capacidad de planificación colectiva.
La encrucijada financiera y de políticas públicas
La expansión de proyectos de energía renovable en la Amazonía se desarrolla en un contexto determinado por una fuerte dependencia del financiamiento internacional y por marcos normativos diseñados, en su mayoría, desde instancias centrales del Estado.
Bancos multilaterales, fondos climáticos globales y agencias de cooperación cumplen un rol clave en la canalización de recursos y la promoción de programas para la electrificación de zonas rurales, especialmente en territorios aislados.
Un ejemplo de esto es la aprobación del BID de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión de 200 millones de dólares, de los cuales 88 millones corresponden a la primera operación individual, destinada a financiar el mencionado Programa de Electrificación Rural Sostenible y Productivo en la Amazonía Peruana (PE-L1298).
Este proyecto busca llevar energía renovable confiable a 7.600 hogares rurales en 25 localidades de Loreto y Amazonas (más de 30.000 personas) mediante minirredes híbridas que combinan energía solar con baterías, y también incluye capacitación en operación y mantenimiento para las comunidades y las instituciones locales.
Paralelamente, el Banco Mundial impulsa la iniciativa Amazonía Viva, que busca soluciones multisectoriales para una Amazonía más habitable y próspera, incluyendo acceso a energía sostenible adaptada a contextos remotos e indígenas.
También ha apoyado proyectos pilotos que utilizan teledetección y mapeo participativo para diseñar planes de electrificación renovable en comunidades indígenas aisladas, incorporando capacidades locales para garantizar que las soluciones respondan a sus necesidades.
Estas inversiones combinan financiamiento directo, estudios técnicos y fortalecimiento institucional para que los sistemas no solo se instalen, sino que respondan a realidades geográficas complejas, aborden brechas históricas de acceso y contribuyan a reducir desigualdades en territorios amazónicos.
Sin embargo, evaluaciones institucionales y análisis de organismos regionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestran que la disponibilidad de recursos y programas no siempre se traduce en resultados sostenibles ni en equidad territorial, especialmente en zonas rurales y amazónicas.
Los propios datos comparados de acceso a la electricidad apuntan a brechas persistentes: en Perú y Bolivia, alrededor del 18 % y el 14 % de la población rural, respectivamente, aún no tiene acceso a electricidad, una proporción muy superior a la de áreas urbanas, lo que refleja que la expansión de redes y proyectos no ha alcanzado de forma equitativa a todos los territorios.
Además, según la CEPAL, Brasil, Ecuador y Colombia mantienen brechas entre cobertura eléctrica nacional y rural, pese a los altos promedios de electrificación a nivel nacional. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que a casi el 30 % de las comunidades amazónicas rurales, sobre todo indígenas, no llega la infraestructura convencional y los sistemas descentralizados enfrentan desafíos técnicos y de mantenimiento.
Desde una perspectiva de políticas públicas, esta tensión se refleja en el diseño bajo un enfoque vertical de las estrategias nacionales de transición energética. Diandra Torres, especialista en transición energética y gobernanza ambiental, sostiene que “las decisiones se toman de arriba hacia abajo, con poco conocimiento de las dinámicas sociales, productivas y organizativas de los territorios amazónicos”.
Según Torres, esta desconexión se manifiesta en proyectos que conciben el acceso a la energía como un servicio mínimo, centrado en el uso doméstico, sin integrar las múltiples funciones que la electricidad cumple en la vida comunitaria.
Esta limitación ya ha sido documentada en comunidades amazónicas. En localidades ribereñas de Loreto, familias beneficiarias de sistemas solares domiciliarios comentan que la electricidad solo permite iluminación básica pero no alcanza para refrigerar alimento ni para impulsar actividades productivas.
Lo mismo pasa en comunidades ribereñas del estado de Pará, en Brasil, donde habitantes señalan que los sistemas instalados no abastecen lo suficiente, por lo que el uso de la energía se reduce a funciones domésticas mínimas.
“Comunicación no significa consulta previa ni participación efectiva”, advierte Diandra Torres, al referirse a iniciativas que se limitan a informar sobre su implementación sin involucrar a las comunidades en el diseño ni en la toma de decisiones estratégicas.
En la Amazonía, el financiamiento es otro nudo crítico: un informe de 2025 de la Rainforest Foundation Norway (RFN) señala que menos del 1 % de los fondos climáticos internacionales llega directamente a pueblos indígenas, porque los mecanismos favorecen a intermediarios con requisitos que muchas comunidades no pueden cumplir.
Esto implica que iniciativas comunitarias de la Amazonía que intentan acceder a financiamiento climático se topan con requisitos administrativos complejos, plazos largos y condiciones difíciles de satisfacer (como documentación legal o procesos de acreditación), lo que impide que recursos diseñados para impulsar energías limpias lleguen realmente a los territorios donde más se necesitan.
Estas barreras dificultan el acceso directo de las comunidades indígenas a los recursos y refuerzan su dependencia de intermediarios externos, como gobiernos locales, empresas privadas u organizaciones no gubernamentales.
“Los pueblos indígenas exigimos que los fondos climáticos lleguen directamente a quienes defendemos y conservamos los bosques, respetando nuestra gobernanza, garantizando la participación equitativa y con alianzas basadas en confianza y corresponsabilidad”, señaló la delegación de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) durante la COP30, donde reclamó que los mecanismos actuales no permiten la ejecución directa de los recursos por parte de las comunidades.
Para Diandra Torres, uno de los desafíos centrales es redefinir los criterios de éxito de los proyectos energéticos. “Mientras se sigan midiendo solo por resultados físicos y plazos de ejecución, se seguirá dejando de lado la construcción de capacidades locales y la autonomía comunitaria”, afirma.
En este sentido, plantea la necesidad de que una mayor proporción de los recursos se destine a procesos de formación técnica, fortalecimiento organizativo y acompañamiento a largo plazo en el territorio.
Participación indígena como condición para una transición justa
Las experiencias de soberanía energética indígena en la Amazonía ponen en evidencia uno de los principales debates de la transición energética en la región: quién diseña, quién gestiona y quién se beneficia de las soluciones energéticas. Organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) advierten en sus informes que los proyectos en territorios remotos y rurales solo logran impactos sostenibles cuando incorporan a las comunidades en la planificación, operación y gestión de los sistemas desde el inicio, y no únicamente como usuarias finales.
En su guía sobre electrificación en comunidades remotas, IRENA subraya que la ausencia de apropiación local, de capacidades técnicas comunitarias y de esquemas de gobernanza claros incrementa de manera significativa el riesgo de abandono de los sistemas instalados, incluso cuando estos cuentan con financiamiento suficiente.
Incorporar a las comunidades únicamente como beneficiarias finales limita la sostenibilidad de los proyectos. En su informe sobre electrificación en comunidades remotas, IRENA señala que la participación de las comunidades en el diagnóstico, el diseño, la implementación y la gestión de los sistemas energéticos es un factor clave para fortalecer capacidades locales y reducir el riesgo de fallas y abandono de la infraestructura, especialmente en proyectos fuera de red en territorios rurales e indígenas.
Desde esta perspectiva, la participación indígena no puede entenderse como un componente accesorio, sino como una condición estructural para una transición energética justa en la Amazonía.
Esto implica reconocer los sistemas de gobernanza propios, respetar los tiempos comunitarios y articular los proyectos energéticos con las prioridades territoriales definidas por los pueblos indígenas, tal como recomiendan las directrices de IRENA para proyectos en comunidades remotas.
A partir de la evidencia revisada, la transición energética en la Amazonía muestra la coexistencia de programas de electrificación renovable de gran escala y experiencias de gestión local, como las desarrolladas por Kara Solar y la Alianza Ceibo, que integran la energía a las dinámicas organizativas y territoriales de las comunidades.
El análisis de ambos enfoques indica que la sostenibilidad de los sistemas no depende únicamente de la tecnología, sino de los arreglos de gobernanza que aseguran participación comunitaria, gestión local y adaptación a las necesidades del territorio.
En ese contexto, el principal desafío para Estados y organismos internacionales es articular la escala del financiamiento con mecanismos efectivos de gobernanza local. De lo contrario, como advierte IRENA en su evaluación de proyectos fuera de red, la transición corre el riesgo de reproducir fallas estructurales asociadas a la baja apropiación local y a la fragilidad de los modelos de operación y mantenimiento en territorios rurales e indígenas.
Apoyo para la acción
Existen mecanismos concretos de financiamiento y apoyo para comunidades, organizaciones e investigadores que quieran concretar proyectos que incentiven las energías renovables en la Amazonía. El Acelerador de acceso a energía limpia en la Amazonía del BID brinda financiamiento para lograr una transición energética justa en la región amazónica, además de servicios de asistencia técnica y financiamiento para propuestas.
Comunidades y organizaciones pueden postularse a convocatorias del Fondo Emerger, donde brindan apoyo económico, político y administrativo a iniciativas comunitarias de protección ambiental y resiliencia. También está disponible el Fondo Socioambiental del Perú, que incentiva proyectos amazónicos vinculados a clima y gobernanza.
Como alternativa de apoyo técnico y académico, el Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía (INTE‑PUCP) constituye un referente pertinente para proyectos de energía en territorios amazónicos e indígenas. Desde la Pontificia Universidad Católica del Perú, el INTE ha desarrollado iniciativas de acceso a energía limpia en comunidades rurales de la Amazonía peruana —principalmente en Loreto— que combinan instalación de sistemas solares con procesos de capacitación local y acompañamiento técnico. Este tipo de apoyo permite a comunidades y organizaciones articular proyectos con respaldo académico, fortalecer capacidades para la operación y el mantenimiento de los sistemas y generar diagnósticos técnicos que facilitan la postulación a fondos públicos e internacionales.
Alejandra Agurto
Comunicadora audiovisual, especializada en producción y edición de recursos para proyectos institucionales. Trabajadora de la agencia de noticias Servindi desde 2019.
